EL VERGONZOSO LIMBO DE LA DEPENDENCIA

Desde el pasado mes de junio, El Gobierno presentó sus planes de apoyo al automóvil y al turismo, lo cual no critico por necesario. Ambos y tienen como objetivo mitigar las pérdidas sufridas en estos sectores por la pandemia.

En el plan de apoyo al automóvil han trabajado de forma conjunta sindicatos, fabricantes, concesionarios y proveedores con el objetivo de recuperar el liderazgo de dicho sector. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha subrayado que «es un plan de unidad y se dirige a toda la cadena de valor industrial para dar respuesta a las necesidades de movilidad y poner en valor el ecosistema industrial”.

Las subvenciones para la compra de vehículos se pueden solicitar desde el pasado 16 de junio, y las cuantías variarán según la categoría del automóvil, su etiqueta de la DGT, la clasificación energética del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y el tipo de comprador. El plan contará con 3.750 millones de euros repartidos en cinco bloques, entre los que destaca el bloque de 250 millones destinado a la renovación del parque automovilístico del que se beneficiarán particulares, autónomos y empresas. Se podrá comprar un vehículo nuevo con independencia de su tecnología, siempre que se envíe al desguace un coche de al menos 10 años de antigüedad. Las ayudas para los particulares y autónomos van desde los 400 euros hasta los 4.000 euros, y las marcas deberán hacer descuentos adicionales por el mismo importe, salvo en los modelos eléctricos, en cuyo caso descontarán 1.000 euros. Las ayudas para las pymes serán de entre 350 y 3.200 euros. También se ha previsto una línea ICO de 500 millones para vehículos comerciales, camiones y autocares.

El precio del modelo adquirido no puede superar los 35.000 euros para los turismos, aunque sube hasta los 45.000 euros en caso de personas con movilidad reducida o vehículos con etiqueta Cero, según ha anunciado el secretario general de Industria, Raúl Blanco. El Gobierno dará un apoyo extra de 500 euros al achatarramiento de vehículos con más de 20 años de antigüedad, a las personas con movilidad reducida y a los hogares con ingresos mensuales menores a 1.500 euros.

El Ejecutivo también ha presentado su plan de impulso al turismo diseñado junto con los representantes del sector y en coordinación con las Comunidades Autónomas. El sector turístico, que supone más del 12% del PIB español, ha sido uno de los más dañados durante la pandemia, y sus líderes reclamaban medidas para paliar las pérdidas de 80.000 millones de euros que calcula Exceltur. Dicho plan destinará 4.250 millones de euros a relanzar el sector turístico. Además, la línea de créditos ICO tendrá un tramo preferente de 2.500 millones para empresas del sector, y añade una moratoria de doce meses para el pago de compromisos financieros. También contará con un apartado para los ERTEs sobre los que el presidente ha dicho que “han venido para quedarse. Son un elemento de adaptabilidad en situaciones extremas como alternativa para quedarse”. Sin embargo, no contempla otras medidas como el IVA superreducido o los bonos vacacionales. Por último, el plan se centra en la promoción de España como destino seguro tanto para los turistas nacionales como para el resto de los países.

Y yo me pregunto: ¿Qué ocurre con la dependencia?. ¿No se le inyecta un paquete de ayudas económicas porque no es un sector productivo?, ¿no estábamos ante un pilar del Estado de Bienestar?, ¿no se puede trabajar de modo conjunto para financiarlo?…

El Sistema de atención a la Dependencia, necesita más que nunca el dinero prometido por el Vicepresidente segundo del Gobierno, porque se encuentra en una situación de agonía irreversible.

Y es que las cifras asustan. En lo que va de año, casi 30.000 personas fallecieron en las listas de espera de la dependencia. 164 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley. En la Comunidad de Madrid el Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia; ya de por sí presenta un plazo de procedimiento de seis meses en el que el futuro beneficiario no percibe un euro, ni se le adjudica servicio alguno, y por lo tanto en la mayoría de los casos personas mayores con necesidades y sus familiares, contratan servicios privados a un coste que muchas veces no se pueden permitir.

Y por si fuera poco lo anterior, entre solicitudes, valoraciones, programas individuales de atención, requerimientos documentales –en la mayoría de los casos para pedir documentos actualizados que ya tienen, pero que dado el tiempo trascurrido, se necesitan no sé para qué…, bueno si para estirarlo un poco más-; nos vamos a una media entre 12 y 18 meses; si las suspensión de plazos por causa de la pandemia, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, de declaración del estado de alarma, no lo alarga un poco más.

En la estadística de este mes casi todos los indicadores del Sistema siguen cayendo estrepitosamente y registran valores muy inferiores a los de inicio de año. Se imponen medidas urgentes para no abandonar definitivamente a las 392.526 personas dependientes que están a la espera de un procedimiento. Según los datos publicados esta semana por el Ministerio, las tasas de variación acumulada en lo que va de año son muy negativas registrando 44.422 solicitudes menos, 36.335 valoraciones menos, 37.587 beneficiarios con derecho a prestación pendientes de recibirla, y 9.153 beneficiarios menos con prestación.

La lista de espera asciende a 392.526 personas (241.420 que se les ha reconocido el derecho a una prestación o servicio y están a la espera de recibirlo, y 151.106 solicitantes a la espera de valoración). Desde primeros de año no se mantiene la tasa de reposición de los beneficiarios (descienden en 9.153). La lista de espera se reduce debido exclusivamente a los casi 30.000 fallecidos en lo que va de año que murieron sin recibir la prestación o servicio que les correspondía por derecho o sin ni siquiera haber sido valorados.

Todas las nuevas cifras en su conjunto, ponen de manifiesto de forma incontestable los efectos de los recortes salvajes (5.864 M€ recorte acumulado desde 2012) operados sobre el sistema de atención a la dependencia e urgen a que se tomen medidas inmediatas para evitar el sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables de nuestro país.

El vicepresidente segundo del gobierno y ministro de derechos sociales debería convocar urgentemente el Consejo Territorial para proponer un incremento inmediato de la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia (sin esperar a los PGE) cumpliendo con lo acordado en el pacto de Estado por la Dependencia y la reunión de Presidentes Autonómicos (2017). De la misma manera que se ha invertido en todos los sectores, es inexplicable que se abandone a las personas más vulnerables (una vez más) y no se incremente la financiación de la atención a la dependencia en, al menos, 1.500 millones de euros, (lo que permitiría atender a la lista de espera y crear 70.000 nuevos puestos de trabajo).

Además, es imprescindible que el ministro impulse un proceso de modificación de la ley para, entre otras cosas, permitir la compatibilidad de las prestaciones e incrementar las intensidades.

Esta financiación debe comprometer a los Gobiernos Autonómicos a acometer las reformas de su normativa necesarias para agilizar los trámites y eliminar las listas de espera. Es necesario simplificar y unificar los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones,…) para agilizarlos y permitir así que puedan dar respuestas inmediatas en esta crisis. Deben, además, aplicarse medidas de suspensión temporal y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de nuevos procedimientos.

La inversión en las personas con discapacidad y a las de atención a la dependencia, es imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables de nuestro país, y más en estos momentos. El calado estratégico de la cuestión requiere poner manos a la obra cuanto antes. De no hacerlo serán responsables del sufrimiento y desatención de todas las personas del limbo de la dependencia, especialmente de las 164 personas que fallecen cada día a la espera de algún procedimiento de la Ley de Dependencia.